Prohibidos los castigos físicos


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El Gobierno modificará el artículo 154 del Código Civil para eliminar «cualquier posibilidad de castigo físico» de padres a hijos. Da así satisfacción a las demandas realizadas por diferentes organizaciones no gubernamentales para garantizar los derechos de los niños, según anunció el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la última en su cargo.

Según el Código Penal, el castigo físico a menores por parte de los padres lleva aparejadas penas de cárcel de entre dos y cinco años siempre que suponga una lesión «que menoscabe la integridad corporal o la salud física y mental» del niño.

Sin embargo, el Código Civil reconoce actualmente en su artículo 154 la posibilidad de que los padres puedan «corregir razonable y moderadamente a sus hijos».
La reforma del artículo 154 del Código Civil aludida por el ministro se llevará a cabo mediante una disposición adicional de la ley de adopciones internacionales, cuya tramitación inició ayer el Ejecutivo tras dar el visto bueno a un informe sobre la norma presentado por el titular de Justicia.
En concreto, López Aguilar señaló que esta disposición adicional a la ley permitirá «cumplir objetivos contraídos por este Gobierno y validados por el Parlamento en reiteradas ocasiones en esta legislatura».

Tras descatar la «preocupación» de organizaciones no gubernamentales como Save the Children en relación con el castigo físico a los menores, así como sus reivindicaciones para terminar con estas prácticas, López Aguilar manifestó que gracias a esta modificación legal «se elimina cualquier posibilidad» de que pueda encontrarse amparado en el ordenamiento jurídico «un castigo físico a los menores, preservando siempre los derechos del niño».

Mientras tanto, la nueva ley de adopciones viene, según el Gobierno, a aumentar la seguridad y garantías jurídicas de los menores adoptados y de las familias que los acogen, unificar una legislación «dispersa y sin solidez jurídica» y coordinar la legislación española con la de los países de origen de los niños son los objetivos prioritarios del anteproyecto Ley de Adopciones Internacionales.
El texto -que ya ha sido criticado por la Gneralitat por menoscabar sus competencias- aporta dos garantías básicas: que «las adopciones sólo serán efectivas en España sin han sido válidamente constituidas en el país de origen y respetan unos umbrales mínimos de seguridad jurídica» y «el impulso de la coordinación de la legislación española con la internacional ».

Con la nueva norma, la adopción no podrá ponerse en marcha cuando el país de origen sufra un conflicto bélico o un desastre natural, ni cuando carezca de una autoridad específica que controle y garantice la adopción.

Hará posible que, al alcanzar la mayoría de edad, los adoptados accedan a los datos sobre sus orígenes y de sus padres biológicos que obren en poder de las autoridades españolas, que habrán de facilitar la búsqueda.

España es el país del mundo con la tasa más alta del mundo de adopción internacional en proporción a su población. Casi 6.000 menores nacidos en otros países fueron adoptados en 2005, último año del que hay datos oficiales, por parejas españolas, superando con creces al numero de adopciones nacionales. En concreto fueron registradas 5.423 adopciones internacionales, 168 de ellas en Asturias, donde la tasa se ha triplicado.

MIGUEL LORENCI/El Correo MADRID
Paz Bahillo Calle y Elvira Jauregizuria Elordui

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